Por su parte, Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC, recordó que los padres españoles han presentado, a lo largo de los tres últimos años, 55.000 declaraciones de objeción de conciencia a estas asignaturas, negándose a que sus hijos asistieran a las correspondientes clases.
“El conflicto -afirmó Tamayo-, ha dado lugar a más de dos mil procedimientos judiciales que no se han paralizado a pesar de que el Tribunal Supremo (en una votación muy dividida) negó a los padres la posibilidad de objetar a estas asignaturas. El pasado 19 de marzo, 305 españoles presentaron demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales. La demanda incluye 105 casos de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC”.
Urcelay concluyó afirmando que “esta realidad aconseja una toma de conciencia por parte de las instituciones de la Unión Europea y, de manera muy especial, por parte de los representantes de la ciudadanía en su asamblea parlamentaria. El conflicto de EpC ha cruzado las fronteras españolas y ha adoptado una dimensión europea ya que están en juego derechos fundamentales amparados por la legislación comunitaria”.
Por ese motivo, Urcelay anunció la creación de la Red Europea de Libertad de Educación, una iniciativa impulsada por Profesionales por la Ética para promover el intercambio de información y experiencias y la coordinación de actuaciones entre entidades europeas que defiendan la libertad de los padres para educar a sus hijos.
En representación de los eurodiputados asistentes a la reunión, intervino Jaime Mayor Oreja, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, quien agradeció a la asociación el esfuerzo de haberse desplazado hasta Bruselas para presentar este trabajo.
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